El Ministerio Público presentó ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago la solicitud de medida de coerción contra los detenidos en la Operación XL526, expediente en el que investiga una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos. En el caso aparecen como supuestos cabecillas Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, además de otros imputados señalados como parte operativa.
Pese a ese avance procesal, la defensa alegó que el expediente ha estado acompañado de reclamos por garantías básicas. Los abogados denunciaron que hasta este jueves no habían recibido notificación formal de la instancia depositada y que tampoco habían logrado acceso completo a sus representados para preparar sus estrategias legales, una situación que añade tensión sobre la transparencia del procedimiento en una causa de alto perfil.
Kilvio González, abogado de Danny Rafael Laguar Ferreira, afirmó que su defendido es ingeniero civil y negó que tenga vínculo con la estructura investigada. Además, indicó que la solicitud de coerción habría sido depositada cerca de las tres de la madrugada y que aún se encontraba en proceso de organización y cotejo de pruebas, lo que, según explicó, retrasó la notificación a las distintas defensas. Ante la gravedad de las acusaciones, las quejas sobre el debido proceso colocan la atención no solo sobre los imputados, sino también sobre la obligación de las autoridades de sostener el caso con apego estricto a las reglas.