El Servicio Regional de Salud Ozama (SRS Ozama) salió a aclarar este martes una publicación que lo ubicó en medio de un escrutinio por el gasto público, luego de que circularan datos sobre contratos de alquiler atribuidos a la entidad.
De acuerdo con la nota, el SRS Ozama admite que mantiene ocho contratos de alquiler, pero sostiene que solo uno corresponde a un almacén. Alega que los demás espacios operan como centros y supervisiones, por lo que niega que la cifra refleje exclusivamente almacenes arrendados.
La aclaración se produce tras una publicación elaborada a partir de registros de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría, lo que colocó nuevamente bajo observación el uso de recursos estatales en estructuras administrativas y operativas del sistema de salud.
Aunque la entidad intenta delimitar el alcance de los contratos, el caso deja pendiente una pregunta de interés público: cuál es el destino exacto de esos alquileres, cuánto cuestan al erario y qué resultados concretos aportan al servicio sanitario.
En un contexto de presión ciudadana por mayor austeridad y transparencia, la discusión no se agota en si se trata de almacenes o de centros operativos, sino en la justificación, eficiencia y fiscalización de cada gasto asociado a la gestión pública.