Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos autorizó que la Administración de Donald Trump siga cobrando el gravamen global del 10 % impuesto en febrero, en una resolución temporal que mantiene la medida mientras avanza el litigio. La decisión se produce después de que el Tribunal Supremo dejara sin efecto gran parte del esquema arancelario anterior del mandatario, lo que vuelve a poner bajo examen la manera en que la Casa Blanca ha intentado sostener su política comercial.
La nueva vía empleada por el Gobierno se basa en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite fijar aranceles globales de hasta el 15 % durante 150 días y que requiere la aprobación del Congreso para extender ese plazo. La vigencia de esas tasas concluye a fines de julio si no son prorrogadas por los legisladores, lo que abre una discusión institucional sobre los límites del poder presidencial en materia arancelaria.
En mayo, un panel del Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York resolvió 2-1 a favor de una demanda de pequeñas empresas y declaró que los nuevos aranceles eran «inválidos» y «no autorizados por la ley», al considerar que Trump se excedió en la autoridad delegada por el Congreso. Aunque la corte de apelaciones permitió por ahora seguir cobrando el 10 %, el caso mantiene visible el contraste entre la ofensiva arancelaria del presidente y los reparos legales que ya han frenado parte de esa estrategia desde su regreso al poder en enero de 2025.