A once días del doble terremoto que golpeó a Venezuela el 24 de junio, la emergencia continúa dejando una estela más pesada y mantiene bajo presión a las autoridades para ofrecer datos completos. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, informó este domingo que las víctimas mortales ascendieron a 3.342 y que los heridos llegaron a 16.740, una actualización que confirma la magnitud social del desastre.
La nueva cifra de fallecidos supone 388 más que el sábado, mientras prosiguen las tareas para recuperar cuerpos entre los escombros. El balance oficial agrega que 6.462 personas fueron rescatadas y que 17.345 perdieron su vivienda, lo que obligó a habilitar 79 campamentos transitorios. Además, se reportan 856 edificios dañados y 190 colapsados, una dimensión del impacto que vuelve a poner frente a frente la crisis real y la información aún incompleta que recibe la población.
De acuerdo con los datos divulgados por las autoridades, 86.794 familias han recibido atención, se han entregado 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua, y siguen desplegados 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad junto con 27.482 voluntarios. No obstante, el punto más delicado sigue sin resolverse: no se ha actualizado la cifra de personas en paradero desconocido, pese a que se habilitó un número telefónico y una plataforma digital para reportarlas.
Esa ausencia de precisión oficial choca con la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web creada para registrar familiares no localizados y que ya contabiliza más de 31.000 personas con las que no se ha logrado establecer contacto. En una catástrofe de esta magnitud, la sociedad civil termina cubriendo vacíos de información que deberían permanecer bajo seguimiento público constante, más aún tratándose del terremoto más mortífero vivido por Venezuela en el último siglo.
Los sismos afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país, con La Guaira como la zona más golpeada, un territorio además marcado por la tragedia del deslave de 1999. Ese antecedente refuerza la exigencia de vigilancia sobre la respuesta institucional: con miles de muertos, decenas de miles de heridos y familias desplazadas, la discusión ya no puede centrarse solo en el parte oficial, sino en las explicaciones pendientes sobre los desaparecidos, la atención sostenida y la capacidad real de respuesta ante una crisis de esta envergadura.