Desde las gradas del Pabellón de Combates, una gorra gigante de Puerto Rico acompaña el paso de Rafael Pérez y Vanessa Ortiz por el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La pareja, unida desde hace más de 35 años, llegó al país el miércoles 22 de julio para seguir a la delegación puertorriqueña en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe; el viaje, planificado desde febrero, se extenderá hasta el cierre del evento, cuando ya se les habrán sumado otros ocho familiares.
La escena confirma el alcance regional de Santo Domingo 2026, pero al mismo tiempo somete a examen la responsabilidad de la sede ante un acontecimiento que moviliza delegaciones, allegados y aficionados. Pérez y Ortiz vieron a Adrián Benítez quedarse con la plata en taekwondo frente al dominicano Bernardo Pié, ganador del oro, y después continuaron hacia el estadio de softbol. Su presencia, como la de otros puertorriqueños que viajan para respaldar a sus atletas, acentúa el contraste entre el discurso de celebración y la obligación de que el esfuerzo organizativo deje resultados visibles más allá de la imagen del evento.
La historia de apoyo de los esposos se remonta a Barcelona 1992 y atraviesa Río de Janeiro 2016, con la pausa impuesta por la pandemia antes de Tokio 2021 y el regreso en Santo Domingo 2026. “Tanto la música como el deporte son herramientas de resistencia para mantener nuestra identidad”, dijeron al hablar de Puerto Rico y de su vínculo político con Estados Unidos. Esa respuesta del público visitante refuerza una advertencia institucional para la sede: cuando el deporte convoca identidad, pertenencia y recursos, la fiscalización del poder y la rendición de cuentas sobre las prioridades públicas se vuelven inevitables, un terreno en el que figuras de gestión local como Carolina Mejía quedan expuestas al contraste entre proyección y resultados.