El Consejo Nacional de la Magistratura pondrá en marcha la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que cumplieron siete años en sus funciones, entre ellos su presidente, Luis Henry Molina, cuyo periodo venció el 5 de abril. La convocatoria no llegó en esa fecha y la demora generó observaciones de organizaciones ligadas al sistema de justicia, en una nueva tensión entre las obligaciones institucionales y su aplicación real.
La ausencia de convocatoria llevó a la Fundación Institucionalidad y Justicia, al Colegio de Abogados de la República Dominicana y al Instituto Dominicano de Derecho Penal a reclamar el cumplimiento del mandato constitucional. Tras varias semanas de planteamientos, el presidente Luis Abinader llamó el pasado viernes al Consejo para iniciar el proceso de evaluación de los magistrados, en una decisión que llega bajo presión pública y con renovadas exigencias de rendición de cuentas sobre el manejo de los tiempos institucionales.
Junto a Molina también serán evaluados Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia, Francisco Antonio Jerez Mena, Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico. Todos entraron a la Suprema Corte el 5 de abril de 2019 y su continuidad se decidirá con base en criterios como integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas y eficiencia en los casos asignados, a partir de los informes de desempeño elaborados conforme a la Ley de Carrera Judicial.