La sala del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional amaneció con un refuerzo de seguridad que dejó en evidencia la alerta institucional: blindar la audiencia después de que agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) intentaran sacar por la fuerza del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a Willy Feliz, testigo a descargo en el juicio por intento de homicidio seguido a Juan Méndez Pérez.
Después del incidente, agentes de la Policía Nacional y de la Dirección de Protección Judicial fueron colocados en los pasillos, sobre todo frente a la sala de audiencias. Uno de los uniformados explicó que el despliegue buscaba mantener la situación bajo control y asegurar el desarrollo normal de la audiencia como medida preventiva. Sin embargo, el episodio que motivó ese refuerzo abrió una línea de cuestionamiento: los agentes que intentaron retirar al testigo no mostraron orden de arresto ni dieron explicaciones sobre el procedimiento, lo que derivó en un forcejeo con familiares y allegados del acusado.
La tensión subió cuando Estefany Guantes, pareja del imputado, informó al tribunal que dos testigos más de la defensa no han comparecido por temor a represalias. También sostuvo que, luego del aplazamiento de la vista del viernes anterior, varios familiares recibieron amenazas de personas cercanas a la víctima, propietaria de un negocio de expendio de bebidas alcohólicas en Capotillo. Así, el caso vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad del sistema para garantizar audiencias sin intimidación y con reglas claras dentro del propio recinto judicial.