Más de trescientas mujeres rurales y lideresas de la región participaron durante cuatro días en la Semana del Impulso a la Paridad Política, que concluyó el 10 de septiembre en Santo Domingo con una meta común: prepararse para aspirar a cargos electivos. Aun así, el balance del encuentro dejó sobre la mesa el problema de fondo. La República Dominicana avanzó en la garantía legal de la presencia femenina en las boletas, pero todavía queda pendiente que esa participación pueda traducirse en una competencia real.
La distancia entre lo que dicen las normas y lo que ocurre en la práctica se hace más visible en el aspecto más concreto de una campaña: los recursos. El texto destaca que muchas de estas mujeres ya cuentan con arraigo comunitario, experiencia organizativa y liderazgo demostrado, pero una candidatura supone financiar recorridos, equipos y una estructura mínima de campaña. En otras palabras, la ley abrió la puerta a la nominación, aunque no corrigió la desigualdad material que determina quién puede convertir ese derecho en una posibilidad viable.
Las leyes 33-18 y 20-23 establecieron mecanismos para ampliar la participación femenina en las candidaturas, con nominaciones integradas por no menos de un 40 % ni más de un 60 % de hombres y mujeres. Sin embargo, el cierre de esta semana de formación vuelve a encender una alerta institucional: la inclusión formal no alcanza si el sistema político no asegura competitividad efectiva. En ese marco, la sociedad civil mantiene la presión para que la paridad no se limite a una presencia simbólica, mientras persiste la exigencia de fiscalizar resultados y no solo anuncios sobre participación.