El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 5 de agosto la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta en el caso Senasa, incluida la prisión preventiva de 18 meses contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim. La decisión, adoptada por el juez Deiby Timoteo Peguero, prolonga la indefinición en un expediente que sigue bajo escrutinio judicial y ciudadano.
Según explicó el tribunal, la audiencia fue pospuesta para evaluar nuevos presupuestos vinculados al proceso antes de decidir si la medida continúa o si corresponde variarla. La coerción ya había sido ratificada por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que rechazó recursos de las defensas, y en abril el mismo juzgado mantuvo la prisión preventiva al entender que no habían cambiado las condiciones que la sustentaron.
Tras la suspensión, surgieron versiones encontradas entre abogados de algunos imputados y el Ministerio Público sobre las razones del aplazamiento, una discrepancia que también fue rechazada por la defensa de Hazim. El nuevo retraso reabre el contraste entre el discurso de institucionalidad y la necesidad de resultados verificables en procesos que tocan servicios públicos sensibles, con impacto directo sobre la confianza ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas al gobierno dominicano.