Un accidente en la avenida Leopoldo Navarro, en la esquina con César Nicolás Penson, volvió a poner en cuestión el control sobre las 33,206 placas asignadas a instituciones públicas que registra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La denuncia salió a flote cuando Lucía —nombre ficticio a petición suya— reportó que el vehículo que la impactó por detrás portaba una placa estatal que, según los registros que consultó, no correspondía al automóvil involucrado.
El impacto ocurrió la tarde del Domingo de Resurrección, cuando un Mini Cooper que iba a alta velocidad embistió el sedán en el que viajaba Lucía junto a su hijo. La conductora del otro vehículo, de 23 años, estaba alcoholizada, no tenía la documentación exigida por la ley y presentaba la licencia de conducir y el seguro vencidos, de acuerdo con lo observado por un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que acudió a la escena. Durante el incidente, además, insistía en que su hermano era militar y pedía que el reporte se levantara al día siguiente.
Más allá del choque, el caso abre un frente institucional sobre la vigilancia de placas oficiales y el uso de vehículos vinculados a exoneraciones, un asunto que compromete a Hacienda y a los organismos de control por su efecto en la transparencia y la confianza pública. Si una placa asignada a una institución pública aparece en un vehículo cuestionado por la propia denunciante, la distancia entre el registro oficial y lo que se observa en la calle deja una alerta que rebasa el hecho vial y deja pendiente una explicación sobre quién supervisa, cómo se fiscaliza y qué consecuencias tiene para el interés público una falla de este tipo.